El gobierno quiere reducir el coste eléctrico 4.600 millones
El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo Real Decreto Ley que, según el gobierno, “contiene una serie de medidas destinadas a reducir los costes regulados del sistema eléctrico cuyo principal objetivo es garantizar su sostenibilidad económica y contribuir a eliminar el denominado déficit de tarifa”. Entre esas medidas se incluye una reducción durante tres años de lo que cobran las plantas fotovoltaicas.
Sin duda este es el elemento más polémico. Las asociaciones fotovoltaicas ya habían avisado de los perjuicios que supondría una norma que consideran retroactiva y a la que prácticamente califican de quebranto económico, de empleo y de credibilidad a nivel nacional e internacional.
El Real Decreto Ley dice, literalmente, “al igual que ha ocurrido con otros sectores como el eólico y el termosolar, se limitarán las horas de funcionamiento con derecho a prima de las plantas fotovoltaicas a las previstas en el Plan de Energías Renovables 2005-2010 en el periodo 2011-2013. La producción que exceda este umbral se venderá a precio de mercado mayorista. El ahorro logrado con esta medida asciende a 740 millones anuales. Las plantas afectadas disfrutarán de tres años más de periodo con derecho a prima, que de esta forma pasa de 25 a 28 años. A partir de 2014 existirá también un límite de horas equivalente al funcionamiento actual”.
En la práctica esto significa modificar el régimen económico de la gran mayoría de las plantas fotovoltaicas, reguladas por el Real Decreto 661/2007, y en consecuencia las condiciones a las que los promotores e inversores aceptaron en su momento porque eran las legisladas. Entre las reglas del juego que establecía aquel Real Decreto, y que ahora se cambian, se incluía que las instalaciones recibirían una cantidad determinada por producir electricidad durante 25 años. Una percepción económica que según los cálculos del sector fotovoltaico se reducen un 30%.
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